publicado en Madrid-11/07/2025 21:50 publico.es
- Verdes Equo ha iniciado una ofensiva judicial contra los ayuntamientos, alegando que las ordenanzas no se ajustan al nuevo marco legal, que aumenta la responsabilidad económica de Ecoembes.
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contra Boadilla del Monte, según ha sabido ‘Público’.
- Ecoembes asegura que todos los convenios cuentan con la suficiente cobertura jurídica.
Verdes Equo y Más Madrid han presentado recursos contra 88 municipios madrileños –y planea hacer lo mismo con otros cinco este verano– por obligar a los ciudadanos a pagar la parte que le correspondería a Ecoembes de la tasa de basuras. Según ha sabido Público, esta estrategia ha dado un nuevo paso: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso contra el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la ordenanza que regula la gestión de residuos.
La formación ecologista plantea una estrategia a través de litigios que pretende evidenciar cómo el actual convenio de la Comunidad de Madrid (CM) firmado bajo el Gobierno del Partido Popular con Ecoembes y la Federación Madrileña de Municipios (FMM) está obsoleto. En conversación con este diario, José Luis Fernández, técnico de inspección de la Consejería de Medioambiente en la CM y militante de Verdes Equo, identifica una «mala fe» en la elaboración de dicho convenio.
Identifican «mala fe» en el convenio de la Comunidad de Madrid con Ecoembes para gestionar las basuras
El nuevo marco legislativo entró en vigor en diciembre de 2022, con la aprobación del Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. A su vez, este Real Decreto es una transposición de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018. Una de las principales novedades es que los productores de envases, agrupados en Ecoembes, asumen mayores responsabilidades económicas. En concreto, están obligados a aportar la totalidad de los costes de recogida, gestión, transporte y limpieza urbana.
La «mala fe» residiría en que Madrid, la FMM y Ecoembes firmaron su convenio el 17 de noviembre del 2022, es decir, apenas mes y medio antes de que el Real Decreto entrara en vigor. A pesar de que entonces ya era público el contenido esencial de la norma –que había sido sometida a consulta previa–, así como de las novedades que traería el nuevo marco legislativo, el convenio continuaba rigiéndose por la legislación anterior. Este texto ha sido prorrogado hasta el día de hoy, sin haber actualizado los criterios normativos.
Casi 100 ayuntamientos madrileños en los tribunales
La gestión de los residuos es competencia municipal, y a través de ordenanzas, los ayuntamientos se van adhiriendo al convenio. «Hemos judicializado más de 90 ordenanzas«, explica Fernández. En concreto, son 88 los municipios en los que ya se ha iniciado oficialmente el procedimiento, pero están preparados otros cinco recursos para presentar a lo largo del verano, lo que aumenta la suma total a 93. El de Boadilla del Monte es el último recurso admitido a trámite. Público ha contactado con el consistorio de esta localidad, pero no ha recibido respuesta.
El caso con el que comenzó todo fue el recurso presentado contra el Ayuntamiento de Collado Villalba. Este es el más avanzado de todos. Al igual que en la localidad de Brunete, Verdes Equo interpuso en marzo una demanda contra su consistorio. En dicho documento, al que este medio ha tenido acceso, la formación alega que «la ordenanza aprobada no se ajusta a Derecho«. Insiste en que la falta de adecuación a la nueva normativa «afecta al bolsillo de los vecinos, que deben soportar una tasa más elevada de lo que debería corresponder». Este diario ha contactado con el Ayuntamiento de Collado Villalba, pero este tampoco ha contestado.
Los convenios actuales de Madrid sobre la tasa de basuras hace que los vecinos paguen más de lo que deberían
Los tribunales también admitieron el recurso presentado contra el ayuntamiento de la capital, que tiene su propio convenio con Ecoembes. Más Madrid presentó el pasado mes de mayo una demanda ante el TSJM contra la tasa de basuras diseñada por el Gobierno de José Luis Martínez Almeida. La formación municipal que lidera Rita Maestre considera que es «injusta» y que está «plagada de errores». La demanda plantea que «los convenios con ECOEMBES suponen menores ingresos para el Ayuntamiento, que se computan en la tasa para reducir los costes», según explica el partido en una nota de prensa.
El partido también impugna la actual tasa de basuras porque «la ordenanza ignora el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases», al igual que el convenio autonómico. Reiteran que este Real Decreto «obliga a ECOEMBES a financiar más costes de los que actualmente asume«. Sin embargo, su omisión «provoca que los vecinos paguen más de lo que deberían, ya que el Ayuntamiento no exige las aportaciones legalmente establecidas a los productores de envases».
Un convenio desfasado frente a la legalidad actual
Desde Ecoembes declaran a Público que la financiación a todos los ayuntamientos se rige de manera muy clara por las fórmulas de pago detalladas en los convenios y que estos se ajustan al pie de la letra a la normativa vigente, «como no puede ser de otro modo». Las fuentes zanjan que «la financiación es correcta y de acuerdo con la ley vigente». El convenio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) hace referencia al «sobrecoste de la recogida selectiva de envases«, del cual Ecoembes debe hacerse cargo. Pero Fernández indica que la legislación actual requiere que se haga cargo del coste total.
De acuerdo con el Real Decreto de 2022, los sistemas de gestión como Ecoembes hasta entonces «estaban obligados a compensar a las entidades locales por la diferencia entre el coste del sistema ordinario» y el coste del sistema regulado. Este segundo «incluía la recogida separada, transporte hasta los centros de separación y clasificación o, en su caso, directamente a los de reciclado». Esta diferencia es lo que se denomina «sobrecoste». Pero con el nuevo marco, son los productores quienes deben financiar «la gestión de los residuos generados por los productos que ponen en el mercado, incluyendo los costes derivados de la recogida separada de dichos residuos, su posterior transporte, así como su tratamiento».
El convenio de la CM con Ecoembes firmado en 2022 tuvo una prórroga en noviembre de 2023 y de nuevo el pasado mes de noviembre. En esta última, actualmente en vigor, se reconoce que continúa «pendiente todavía la adaptación de las obligaciones de las partes derivadas del Convenio al nuevo marco normativo«, y menciona el Real Decreto que se aprobó en diciembre de 2022. En un informe técnico realizado por José Luis Fernández, y al que Público ha tenido acceso, se considera que estas prórrogas son «maniobras dilatorias» que pretenden «retrasar la aplicación del nuevo marco legal».
Principio básico: «quien contamina paga»
El técnico de inspección de Medio Ambiente valora que la Comunidad de Madrid «no puede prorrogar un convenio que no se ajusta al nuevo marco legal», si bien subraya que deberá ser un juez quien deba determinar la cobertura jurídica de las prórrogas. De todos modos, asegura que «Ecoembes realiza una infrafinanciación» de la gestión de residuos. Y esa es la cuestión de fondo: ¿quién se hace cargo de los costes?. «Hay un principio básico; quien contamina paga«, defiende Fernández, «y Ecoembes no lo está haciendo», insiste.
José Luis Fernández: «Madrid no puede prorrogar un convenio que no se ajusta al nuevo marco legal»
El nuevo marco también pone el foco en el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). Este sistema es el que representa Ecoembes, de facto, en un régimen de monopolio dentro de la región. El militante de Verdes Equo matiza que esta responsabilidad «no se limita a los envases que entran en la recogida selectiva –los que los ciudadanos depositan en los contenedores amarillos–», sino que «se aplica a todos los envases que se ponen en el mercado«, incluidos los que acaban en otros contenedores.
Para garantizar que se cumplen estos criterios, Verdes Equo y Más Madrid llevan a cabo casi un centenar de procesos en los municipios madrileños. Sobre judicializar el convenio autonómico, las formaciones no se han decidido todavía porque «es todo muy complejo», describe Fernández. Sin embargo, concluye que «hay una vía más sencilla; que salga la luz que se está haciendo mal y los ayuntamientos se den cuenta que les están tangando y reclamen».
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